CAPITULO IV
3. El Municipio.
3.1. El cabildo municipal.
El Ayuntamiento de Pegalajar se formó en 1559, tras haber conseguido por privilegio real de Felipe II el titulo de villa con jurisdicción civil y criminal y con la consiguiente independencia respecto a la ciudad de Jaén (76). Los primeros alcaldes de Pegalajar, nombrados este mismo año, fueron Juan Gómez y Pedro de Viedma (77).
Apenas hemos encontrado referencias sobre el Ayuntamiento durante los siglos XVII y XVIII. La tradición oral ubica el primitivo Ayuntamiento en la calle de las Parras, pero las referencias más antiguas, de mediados del siglo XVIII, lo ubican en la parte alta de la calle Carnicería, junto a la calle Real. Al poco tiempo debió trasladarse a su actual emplazamiento.
En el siglo XIX, el Cabildo municipal estuvo compuesto por individuos pertenecientes a las clases acomodadas de la población, casi siempre de la burguesía agraria de la localidad (78), normalmente formaban parte de la Junta de Mayores Contribuyentes que no trabajaban directamente la tierra, de ahí que el Cabildo municipal se reuniera una vez por semana y en horas laborables. Estas sesiones solían celebrarse todos los viernes por la mañana.
El Ayuntamiento o Cabildo municipal estaba formado por la reunión de regidores electos. Antes de 1845 los municipios habían sido regidos por la Ley de Ayuntamientos de 1840, que el Partido Moderado al acceder al poder había restablecido. Era una ley centralizadora que suponía una situación transitoria y circunstancial (79). Con la Ley de 1845 se redujo la representatividad de forma drástica respecto a las leyes y proyectos anteriores. Concede el voto a las capacidades, es decir, a los profesionales, militares retirados, eclesiásticos y empleados de cierta categoría: pero la mayoría del electorado estaba formada por los vecinos mayores contribuyentes de la población, debido a que la cuota de los contribuyentes se estima calculando los repartimientos vecinales a lo devengado por contribuciones directas. En lo que se refiere a la elaboración de las listas y a la distribución del municipio en distritos electorales, a la formación de las mesas, al escrutinio y a las reclamaciones, resultaba decisiva la intervención del alcalde y del jefe político o gobernador civil. El secretario era nombrado por el propio ayuntamiento (80).
La coyuntura revolucionaria de 1854 proporcionaba una alternativa distinta para los ayuntamientos, basada en la elección directa del alcalde y en la amplitud de voto. Durante el Bienio Progresista rige en municipios y provincias la Ley de 1823, cuyo sufragio es más democrático. Durante el Bienio Progresista (1854-1856) se preparó una nueva ley de ayuntamientos (81), que no entró en funcionamiento hasta el 21 de octubre de 1868. Estaba basada en principios de descentralización, aumentando el número de concejales respecto a 1823 (82), con lo que faltaban dos regidores más en el Cabildo municipal de Pegalajar, compuesto hasta entonces por 14 personas (1 alcalde, 2 tenientes de alcalde y 11 regidores).
Los ingresos municipales se clasificaban en ordinarios y extraordinarios. Integraban los primeros las rentas de propios, los arbitrios o contribuciones locales legalmente establecidos, los réditos de censos o capitales y la parte proporcional que corresponde al municipio de toda clase de multas. Los ingresos extraordinarios consistían en los repartimientos vecinales, legalmente realizados, en empréstitos, retribución de enajenaciones o de censos redimidos, donativos, etc. Las fuentes básicas de los ingresos locales seguían siendo los bienes de propios y los arbitrios municipales (83).
Los gastos se clasificaban en obligatorios y voluntarios. Los primeros eran todos los necesarios para la conservación de las fincas de propios y al pago de la contribución correspondiente, los sueldos de los empleados, gastos de oficina y juntas, la instrucción pública, la beneficencia y la manutención de presos pobres, la subscripción al Boletín Oficial, la impresión de los presupuestos y la correspondencia oficial, gastos de la quinta del municipio, el pago de las deudas y los intereses de censos y empréstitos y, en general, todos los demás gastos que las Leyes prescriban al municipio (84).
La Junta de grandes contribuyentes de la localidad era un órgano consultivo del municipio y de máxima importancia política y económica, éstos eran los maestros de las decisiones a nivel fiscal y económico del pueblo, también a nivel social (85). En Pegalajar, a finales del siglo XIX y primeros del XX, estaba formada por 48 personas.
El interés de pertenecer a la Corporación Municipal radicaba en que las contribuciones personales o directas eran distribuidas por los ayuntamientos. "quien quiera que tuvieran vara alta en ellas podía cuidarse de que sus amigos no pagaran más de lo debido y sus enemigos, en todo caso, no menos de lo que les correspondía (86). Así vemos que a la hora de repartir las contribuciones se intenta recargar excesivamente las cuotas de los contribuyentes forasteros, que no tenían influencia en la Corporación, y ante las reclamaciones de éstos la administración de Hacienda tenía que intervenir, como en 1868, ordenando "se reintegre a los hacendados forasteros la parte que se les ha gravado de más" (87).
En 1868 se dividió al pueblo en dos distritos o colegios electorales para las elecciones municipales. El primero abarcaba "el Barrio de la Plaza, dando principio en la calle de las Parras hasta la Carnicería, ambas inclusive", cuyos electores debían concurrir a las Salas Capitulares, local señalado al efecto; el segundo comprendía "el otro Barrio de Santa María", que daba principio en la calle Arco de la Villa y concluía en las caserías de campo. Estos últimos tenían que votar en la casa Pósito. Seis concejales se elegían en el Pósito y cinco en las Casas Consistoriales (88).
Un cargo importante en el Ayuntamiento era el del Secretario. Este era elegido por la corporación como empleado suyo y retribuido de los fondos municipales. La continuidad del empleo frente a la brevedad de otros cargos municipales, las funciones que desempeña y la experiencia que llega a adquirir en los asuntos del municipio convierten al Secretario en elemento fundamental en el Ayuntamiento. De ahí los problemas que surgen, siempre para asegurar el cargo en persona incondicional de un determinado grupo (89). Es el caso de la destitución, tras la Revolución de 1868, de Carlos Martínez León, "fundada en la falta de simpatías que reúne en esta villa y las demostraciones que el pueblo ha hecho en su contra en el acto mismo del pronunciamiento" (90); o ya durante el siglo XX, en 1936, el caso de Lorenzo Morillas Calatrava, basada en los siguientes motivos: abandono inmotivado del destino, desobediencia e insubordinación por expedir documentos a espaldas de la alcaldía, mal concepto público por apropiarse del dinero que anualmente recibe para gastos de oficina, por no haber ejecutado ningún asiento de libros de contabilidad desde su ingreso en 1933 y la presunción de condena firme por el delito de violación, cuyo fallo está pendiente por el Juez de Instrucción" (91). Este secretario volvió de nuevo al Ayuntamiento en 1939 con la nueva corporación municipal franquista (92).
En 1854, las comisiones que formaba el Ayuntamiento eran las siguientes: aguas, escuelas, abastos, fiestas, pósito y terrenos de propios para edificar casas (93).
En 1863, las comisiones municipales habían cambiado. Ahora eran las de ornato, fiestas, abastos, policía urbana y receptor de bulas (94).
Las Casas Consistoriales estaban ubicadas en la Plaza de la Constitución, cuyo origen de posesión municipal se desconocía a mediados del siglo XIX (95).
Por otra parte, el Ayuntamiento atravesó una difícil solvencia económica a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Los crecidos gastos hacían que en muchas ocasiones se tuviese que recortar el presupuesto drásticamente, a costa de cosas fundamentales como el alumbrado y la instrucción pública (96), o haciendo un repartimiento entre los vecinos para cubrir los déficit (97), o bien suprimiendo las plazas de guardas municipales (98).
En 1908, los gastos del municipio eran los siguientes:
1.- Gastos obligatorios de pago inmediato:
- Personal y material de instrucción pública.
- Personal, material y manutención de presos pobres de las cárceles el partido judicial y municipal.
- Socorros a pobres transeúntes, enfermos domiciliarios y medicinas a enfermos pobres.
- Encabezamiento de consumos.
- Contingentes provincial y atrasos.
- Suministros al Ejército.
- Salarios, jornales y haberes de todos los servidores del municipio.
2. - Gastos obligatorios de pago diferible.
- Construcción, conservación y reparación de obras públicas.
- Imprevistos.
- Fomento de arbolado.
3. - Gastos voluntarios.
- Festejos públicos
- Contribución al cupo carcelario (99).
Algo frecuente en esta época era el cambio de funcionarios al cambiar de individuos el Cabildo municipal. En 1913, a la entrada del nuevo alcalde fueron sustituidos el alguacil portero del Ayuntamiento, el peón caminero y los guardas municipales del campo (100); o en 1919, en que fueron cambiados los guardas municipales y de campo (101).
La corrupción llegaba en ocasiones a las mismas arcas del Ayuntamiento. En 1904 fueron robadas 735,19 pts (102). En agosto de 1923 se realizó un pleno extraordinario a instancias del delegado del Gobierno Civil de la Provincia, en vista de la inspección practicada en la administración del municipio. En esta época la Corporación estaba dividida en dos bandos, uno formado por el Alcalde y los concejales que ejercian cargos en el Ayuntamiento y que se vieron involucrados en un dasfalco de fondos municipales (103), lo que motivó la dimisión de la Corporación de Ángel Gómez Gámez, Alfonso Medina Calatrava, Lucas León Gómez y Antonio Molina Gómez (104). Los cargos fueron retirados por parte de otra nueva Corporación en diciembre de 1924 (105).
En 1931, con el nuevo Gobierno republicano cambió la Corporación municipal. También existían sospechas de malversación de fondos del anterior Ayuntamiento, de ahi que también se solicitara al Gobernador Civil la realización de una inspección desde el año 1920 a abril de 1931 (106).
En cuanto a los presupuestos municipales, en 1927, la mayor parte de los gastos del Ayuntamiento se dedicaban a obligaciones generales (24.801 ,82 pts), personal y material de oficina (14.042, 35 pts.) y policía rural y urbana (12.040,65 pts.) (107). Como vemos, gran parte del presupuesto se dedicaba a personal, que en 1928 lo componían las Siguientes personas:
Personal Técnico Sueldo anual individual
Dos médicos titulares 2.700 pts
Dos farmacéuticos 500 "
Una practicante en cirugía y medicina 300 "
Una profesora de partos 250 "
Un inspector veterinario 1.000 "
Un inspector de higiene y Sanidad pecuaria 400 "
Personal administrativo
Un secretario 5.000 "
Un oficial primero 1.920 " Un oficial segundo 1.740 " Un auxiliar primero 1.560 " Un depositario 500 "
Personal subalterno
Un alguacil, portero del Ayuntamiento 1.003,75 Pts
Dos guardias municipales 1.003,75 "
Tres vigilantes nocturnos 1.003,75 "
Dos guardas de campo 1.003,75 Pts
Un peón caminero 1.003,75 " Un sepulturero 273,60 " El encargado del Reloj Público 75 "
Un cartero, correspondencia oficial 100 "(108)
El personal administrativo se vio ayudado en su labor por la primera máquina de escribir que utilizó el Ayuntamiento, en 1928, marca Underwood, nº 322.441 , modelo 314, adquirida por 1.750 pts. (109). La mayor parte de los ingresos procedían de imposiciones municipales (50.018 pts.) y derechos y tasas (22.501 pts.).(110).
Las comisiones municipales de esta época eran de Hacienda, Régimen Interior, Fomento y Festejos (111).
En abril de 1934, los socialistas tenían la mayoría en la Corporación, siendo el alcalde Manuel Cueva López, el cual presentó la dimisión. En sucesivas votaciones no se logró la mayoría absoluta para la elección de un nuevo alcalde. En la votación definitiva del 28 de abril de 1934, por mayoría relativa, fue elegido alcalde un concejal de la oposición: Ángel Cordero Torres. Siendo mayoría los concejales socialistas, incomprensiblemente desperdigaron sus votos (112). Los concejales Antonio Ortega Valenzuela, Antonio Merino Espinosa, Antonio Morales Torres, Pedro Jiménez Mengíbar, Luis Lechuga Medina, Gaspar Espinosa Torres y Manuel Cueva Torres se negaron a firmar este acta y consideraron el nombramiento de Ángel Cordero como nulo, "porque fue elegido alcalde en tercera votación y sólo con cinco votos" (113).
La tensión aumentó en el Pueblo y los concejales socialistas se consideraron ofendidos por el Alcalde y concejales agrarios cuando al entrar en el salón de sesiones fueron cacheados por la Guardia Civil (114). Esto motivó que los concejales socialistas dejaran de acudir a las sesiones y que a éstas sólo acudieran Ángel Cordero Torres, Luis Pérez Gámez, Juan García Castro y Gaspar León Jimeno.
Esta Corporación destituyó a los funcionarios municipales que habían participado en al huelga campesina de los días 5 y siguientes de junio de 1934 (115). Otra novedad que introdujo esta Corporación fue celebrar las sesiones, que se venían celebrando a las 21 horas para facilitar la asistencia de los concejales obreros, a las 12 horas (116).
Los concejales socialistas debieron comprender que su ausencia de las sesiones de la Corporación producía más mal que bien. El 22 de agosto volvieron a ellas, solicitando la reposición de los empleados municipales destituidos y el cambio de horario, 9 de la noche, "hora oportuna para que asistan los concejales obreros", a lo cual el Secretario respondió que no era legal el cambio (117). Los socialistas de nuevo dejaron de acudir a las sesiones, aunque tampoco se les citaba (118).
En junio de 1935 volvieron a acudir a las sesiones los concejales socialistas. El Ayuntamiento se volvió ingobernable por el boicot de la mayoría socialista, que rechazaba todas las propuestas del Alcalde. Y éste a su vez consideraba como ilegales las propuestas votadas por la mayoría socialista, no llevándose a efecto (119). Por otra parte, sólo se tomaban acuerdos en los asuntos que el Alcalde ponía en el orden del día, levantándose las sesiones quedando asuntos pendientes (120). Los socialistas como respuesta dieron su negativa a la discusión de cualquier asunto y la decisión de los acuerdos, adoptando "esa grave decisión mientras ocupe la presidencia el actual alcalde que no goza de la confianza de la mayoria que ha solicitado su dimisión" (121).
En febrero de 1936, tras las elecciones generales en las que obtuvo la victoria el Frente Popular, se presentó en el Ayuntamiento un delegado del Gobierno Civil que colocó como alcalde a Gaspar Espinosa Torres, reservándose el nuevo alcalde el derecho de solicitar una visita de inspección a los libros de contabilidad del municipio (122); y volviendo a cambiar algunos empleados municipales (123). Los concejales Ángel Cordero Torres, Luis Pérez Gámez y Juan García Castro dejaron de asistir a las sesiones, por lo que en julio, antes del Alzamiento Nacional se les dio de baja como concejales" (124).
Durante el periodo de la Guerra Civil, la división entre los componentes de la Corporación municipal era muy acusada. En enero de 1937 entró como alcalde Francisco Galiano Saavedra (125), que se quejaba del boicot a que le sometían sus compañeros, siendo sustituido en marzo de 1.937, provisionalmente, por José Navas Garrido (126), que también recibió un voto de censura de sus compañeros y fue sustituido en abril de 1937 por Luis Lechuga Medina (127). En noviembre se estableció una lista de 41 personas "consideradas peligrosas para el actual Gobierno de la Nación", en la que se incluía a Gaspar Espinosa Torres, anterior alcalde y representante de la Agrupación Socialista Local y presidente del Sindicato U.G.T. (128).
En 1939, la nueva Corporación franquista cambió las comisiones. Las nuevas eran de Festejos, Policía Rural, Hacienda e Investigación e Informes. Las sesiones se realizaban el día 14 y último de cada mes (129); volviendo de nuevo el Secretario, Lorenzo Morillas Calatrava, a ejercer sus funciones y reclamando el pago de los años de sustitución, en todo caso "por vía de apremio de los concejales comunistas que en su día decretaron su sustitución" (130). Cinco años después se le dio el cese por su traslado a Beas (131). En 1949 solicitó a la Corporación municipal ser nombrado "asesor" del Apuntamiento, a cambio de escribir la "Historia de Pegalajar" (132), la cual fue publicada más tarde.
En los años de la postguerra la situación económica del municipio continuó precaria, llegando a formarse una comisión en 1946 para entrevistarse en Madrid con el ministro de Hacienda "por no haber percibido (Pegalajar) cantidad alguna de la que por cupo de compensación le corresponde" (133). A partir de la década de 1950 la situación empezó a mejorar. Se adquirieron las eras del Caño de la Presa (134), se consiguieron préstamos del Banco de Crédito Local de España (135), se aprobaron los proyectos de saneamiento y red complementaria de distribución de aguas potables (136),... El Ayuntamiento mantenía a 14 funcionarios, entre ellos un director de banda de Música. También se aumentó la plantilla de guardias municipales, "debido a la enorme afluencia de forasteros a esta población, sobre todo en verano, con motivo del funcionamiento de la piscina" (137).
Los concejales eran renovables periódicamente atendiendo al tercio de representación familiar, el de representación sindical y el representativo de entidades económicas, culturales y profesionales, que para nada modificaban las unánimes decisiones de la Corporación. La plantilla del Ayuntamiento fue ampliada en 1969 con la incorporación de un perito aparejador, para asesorar al Ayuntamiento en materia urbanística, y un fontanero en 1970.
Todo empezó a cambiar a partir de 1979. A partir de este año se inició la campaña de elecciones municipales, señalándose como locales oficiales y lugares abiertos para los actos en campaña electoral el Parque de La Charca y las escuelas de los barrios de la Virgen y de la Paz. Las elecciones tuvieron lugar el 3 de abril de este año, obteniendo la Unión de Centro Democrático (UCD) cinco concejales, tres el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dos el Partido del Trabajo de Andalucía (PTA) y uno el Partido Comunista de España (PCE), consiguiendo la alcaldía por primera vez después de cuarenta años un socialista: Pedro Ruiz Medina. Se aprobó un nuevo régimen de sesiones con un pleno mensual el último jueves de cada mes, y las sesiones ordinarias de la comisión permanente cada jueves (138).
Con el nuevo ayuntamiento democrático, las disensiones en los plenos se hacen patentes y las actas aumentan su extensión extraordinariamente. Los temas polémicos ahora se hacen continuos, como la desaparición de la imagen de la Virgen de las Nieves en el programa de fiestas de 1979, la adhesión al Estatuto de Autonomía de Andalucía por el artículo 151, la solicitud de retirada de la placa de los caídos por el bando vencedor en la última contienda civil, el ingreso de España en la OTAN, etc (139).
Las desavenencias entre los distintos grupos dieron lugar a que por primera vez, mayo de 1984, los concejales de Alianza Popular abandonaran la sesión sin autorización del alcalde. Fue el primer aviso, pues en noviembre del mismo año, Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) consideraron que no se respetaba la soberanía del pleno municipal y que por parte de la Alcaldía se mantenía "una aptitud totalmente autoritaria y antidemocrática", decidiendo ambos grupos no asistir a los plenos ni participar en ningún asunto municipal hasta tanto se rectificase la línea de actuación por parte del Alcalde y una actitud más favorable al entendimiento y al diálogo (140).
El 27 de noviembre de 1985, volvieron al pleno todos los concejales, excepto Joaquín Quesada (IU), para tratar temas de gran interés para el pueblo, como la construcción de casas en el Haza de Jesús y la cesión de terreno en dicha haza. A partir de ahí la participación en los plenos de la oposición fue esporádica. En este período, 22-noviembre-1985, tuvieron lugar unos hechos que provocaron hondo pesar en una parte del pueblo, al haberse rociado con alquitrán la lápida de la Cruz de los Caídos por el bando vencedor en la Guerra Civil. Los concejales del PP calificaron de vandalismo tal hecho y solicitaron la búsqueda e identificación de los promotores, junto con mayores medidas de vigilancia nocturna, pidiendo el olvido y el fin de los enfrentamientos de tiempos pasados. Más adelante se acordó por mayoría quitar dicha placa y poner otra con todos los pegalajeños caídos en la Guerra Civil, lo que no llego a ejecutarse, quedando al final la situación como estaba.
Sin embargo, no todo eran disensiones en la corporación. Otros muchos acuerdos se tomaron por unanimidad, como la moción de repulsa a la actitud antidemocrática del coronel Tejero en el intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, o el acuerdo de asociarse a la Federación Española de Municipios y Provincias (141).